Para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno realizará este marte 8 de octubre un acto de reparación simbólica a las víctimas de los hechos ocurridos en 1996.
Para tal fin el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, estará presente en esta localidad del Oriente del departamento, donde el Gobierno Nacional hará un acto público de responsabilidad internacional en el caso de la vereda La Esperanza para dar cumplimiento a la sentencia del 31 de agosto de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este evento de reconocimiento de responsabilidad es una medida de reparación simbólica, en la que el Estado reconoce públicamente su responsabilidad por los hechos y violaciones de derechos humanos, la desaparición forzada de 12 personas -entre las cuales se encontraban tres menores-, y una ejecución extrajudicial, en hechos ocurridos en la vereda La Esperanza de este municipio de Oriente antioqueño en 1996.
En este sentido y con base en las circuntancias, la sentencia ordenó al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con estos hechos.
Así, el gobierno realizará este acto de reconocimiento en el Centro de Convenciones del municipio de El Carmen de Viboral donde se espera la asistencia de, por lo menos 100 personas en calidad de víctimas y alrededor de 250 miembros de la comunidad de la vereda La Esperanza, además de organizaciones de la sociedad civil, y representantes de entidades del gobierno nacional.
Acciones por las víctimas
En los últimos dos años, el Gobierno Nacional ha realizado tres actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional en Santander, Antioquia y Bogotá.
Además, se realizó la publicación de mil ejemplares de un libro biográfico, así como un documental que han dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.
También se efectuaron dos publicaciones del resumen oficial de sentencias de la CIDH en diarios de alta circulación nacional, previa concertación con las víctimas de los casos, así como avanzar en la instalación de placas y el acto simbólico para la entrega de las mismas a las víctimas y a la comunidad de El Aro (Ituango–Antioquia), con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al caso respectivo ante la CorteIDH.